El aumento de la delincuencia en el Perú en general, y en las zonas urbanas —que albergan el 74% de la población nacional (INEI, 2011)— en particular, representa un fenómeno ampliamente relevado por los medios de comunicación, y consecuentemente se ha fortalecido como una preocupación cada vez mayor para la población. Frente a este creciente sentimiento de inseguridad y a estadísticas que muestran claramente un alza del número de delitos (PNP, 2011), la delincuencia aparece como un problema social de gran magnitud contra el que la población requiere respuestas, por lo que el Estado peruano ha ido promulgando y modificando leyes que llevan a un mayor número de personas privadas de libertad, a un mayor tiempo promedio de encierro así como a una reducción de los beneficios penitenciarios.